Las asociaciones fotovoltaicas han intuido un cambio de actitud del Ministerio de Industria respecto a la última reunión, aunque el gobierno ha vuelto a resaltar su voluntad de ajustar a corto plazo el mercado fotovoltaico. Desde hace semanas ha dejado claro su propósito de ahorrar 1.000 millones de euros anuales.

En el encuentro de ayer no se abordó uno de los asuntos más delicados, las tarifas a futuro. La pretensión del Ministerio, según expresó el pasado 21 de julio es una reducción del 65% de la tarifa para las instalaciones construidas sobre suelo. Este tema se aparcó a la espera de avanzar en otros como la limitación horaria (el número de horas de producción en la que las plantas fotovoltaicas cobrarían la prima por generar electricidad).

Industria dice que la reducción de horas con derecho al cobro de la prima es innegociable, pero ha admitido que quizá sean escasas las horas computadas en la propuesta realizada, y podría haber una ampliación. En la reunión de la semana pasada planteó 1.250 horas al año para las instalaciones fijas y 1.664 para las que tienen seguidor, es decir las que contiene el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Novedades en el desencuentro Las posturas entre ambas partes están alejadas, pero en las últimas horas se han producido algunas novedades como el pago diferido. Industria propuso ayer establecer un mecanismo transitorio y excepcional de pago diferido para rebajar la retribución de las instalaciones durante los próximos dos o tres años, recuperándose esta cesión económica posteriormente.

Los representantes del ministerio también fueron receptivos ante el recordatorio de que se han cumplido los doce meses de los que disponían las instalaciones adjudicadas en la primera y segunda convocatoria de 2009 del Registro de Preasignación de Retribución. Quien no hay completado su proyecto, dice la ley, perderá el aval depositado. Según los datos de ASIF, por este camino se podrían recuperar más de 100 millones de euros.

En contra de lo que sucedió en la reunión del 21 de julio, en la que Industria exclamó “no somos la policía”, ayer se mostró dispuesto a identificar a las instalaciones que se acogieron irregularmente al RD 661/2007, y que por ello están cobrando una prima más alta de lo que les corresponde. Incluso mencionó su intención de llevar a los responsables “a la cárcel”. Según los cálculos de las asociaciones fotovoltaicas, en este capítulo se podría estar hablando de recuperar entre 500 y 800 millones de euros anuales.

Ante la ejecución de los avales y la persecución de los irregulares, el “Ministerio es conciente”, dice ASIF en un comunicado enviado a sus socios, “de que las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias, pero se mostró dispuesto a actuar con firmeza y rapidez para conseguir que los posibles focos de conflicto institucional no eviten que se consigan importantes ahorros a corto plazo”.

Otro de los asuntos aparentemente encauzados pero pendiente de solución es el de la repotenciación de las instalaciones. Se trata de plantas acogidas a tarifas antiguas con equipos adquiridos a precios más baratos por la evolución tecnológica. Industria aseguró que pretende evitarlo, pero no cocretó la manera para limitar esa práctica.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy un plan urgente de eficiencia energética en 2.000 edificios públicos -1.000 de la administración central y 1.000 de comunidades autónomas y ayuntamientos- que supondría, según los cálculos del Gobierno, un ahorro anual de hasta 3.000 millones de euros.

Los edificios deberán reducir al menos un 20% su consumo Se trata de una de las medidas que ha negociado la comisión interministerial que encabeza la vicepresidenta económica, Elena Salgado, con todas las fuerzas políticas, y el Gobierno la incluirá en el documento que enviará a los partidos esta semana con las iniciativas que quiere poner en marcha cuanto antes, algunas de ellas mediante un real decreto-ley.

En un encuentro con empresarios y sindicatos en Sevilla, Zapatero ha recordado que, además del plan de ahorro energético, ese documento recogerá una nueva línea del ICO de créditos de hasta 200.000 euros para pymes y medidas para impulsar la rehabilitación de viviendas, con rebajas del IVA y desgravaciones fiscales.

Tras estimar que estas iniciativas pueden ayudar a consolidar la actual evolución de la economía, ha insistido en que el Gobierno espera que la creación de empleo comience "en la última parte del año". Acompañado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, Zapatero ha subrayado la importancia del plan piloto de eficiencia energética en 2.000 edificios públicos, que deberán reducir al menos un 20% su consumo energético para lograr un ahorro de hasta 3.000 millones de euros anuales.

Un dinero, ha dicho Zapatero, que España dejará de transferir a los países productores de energía de los que depende; "lo que ahorra la administración en energía se lo está ahorrando a los ciudadanos", ha añadido. Respecto a la nueva línea de créditos del ICO, ha recordado que el sector público se hará cargo del riesgo de la cobertura de los mismos y ha advertido de que se trata de "una opción audaz".

Apuesta por la austeridad

Por ello ha confiado en que las empresas hagan un uso "razonable" de esa línea de crédito que, a su juicio, debe también fomentar un cambio de actitud en las entidades financieras privadas. Zapatero ha vuelto a defender el proyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Consejo de Ministros en Sevilla y ha y ha destacado su apuesta por la austeridad y la eficiencia de las administraciones públicas.

En este contexto, ha instado a los gobiernos autonómicos a seguir la senda del pacto de ahorro sanitario alcanzado la semana pasada y a cerrar un acuerdo de austeridad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne el lunes. A su entender, en un país con este grado de descentralización, en el que la mitad del gasto público está en manos de comunidades y ayuntamietos, sin ese pacto el esfuerzo de contención del gasto tendrá "resultados muy discretos".

Según ha explicado, la eficiencia de la administración redundará además en beneficio de las empresas innovadoras, otro de los ejes de la Ley de Economía Sostenible . En su opinión, el sector de la construcción no tiene que perder protagnismo, pero es necesario cambiar la concepción del país sobre la vivienda y el desarrollo urbanístico. Hay que ir a rehabilitar, en vez de a construir, a más viviendas de alquiler y menos de compra, y a más viviendas protegidas y menos libres.

Este año no será Washington sino Madrid la ciudad que acoja un concurso que bajo la denominación Solar Decathlon Europe reunirá a 20 universidades de 9 países, y cuyo reto es construir una casa sostenible capaz de autoabastecerse exclusivamente de energía solar. La cita es en Madrid Río, una zona ubicada entre el Palacio Real y el río Manzanares en la que el gobierno central ha invertido 2,3 millones de euros a través del Fondo Estatal Inversión Local para acondicionar el terreno. El resto de la financiación, unos 5 millones de euros, correrán a cargo del Ministerio de Vivienda.

En la nómina de participantes están Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos, México, Brasil, China y España. La delegación española está encabezada por la Universidad Politécnica de Madrid, que participa en Solar Decathlon desde el año 2005; el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña; las universidades de Sevilla, Valladolid y CEU Cardenal Herrera; y las Politécnicas de Cataluña y Valencia.

Escaparate para la edificación La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado durante la presentación que el concurso propiciará la innovación en el sector de la edificación residencial, que seguirá teniendo un peso relevante en la riqueza del país. Cada edición de este certamen, ha indicado la ministra, se ha cerrado “con un número importante” de patentes que atraen el interés empresarial por desarrollar los proyectos presentados. La Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, ya ha registrado cuatro patentes.

Cristina Garmendia, titular de Ciencia e Innovación, ha afirmado que “en patentes solo nos superan cuatro países: Estados Unidos, Alemania, Japón y el Reino Unido”. Para la ministra Garmendia no hay duda de que el sector de las energías renovables y el de la construcción jugarán un papel relevante en el cambio de modelo productivo en el que trabaja el gobierno desde 2004. En este sentido, ha puesto de manifiesto que tanto el sector energético como el de la ingeniería constructiva son dos pilares de España a nivel internacional y ambas actividades económicas seguirán teniendo un peso relevante en la creación de riqueza y empleo.

Siete de las diez compañías más importantes del mundo en el sector de la construcción son de origen español, ha recordado Garmendia, y España ocupa la primera posición en el ranking de países más atractivos para el desarrollo de negocio en el sector de las renovables, seguida de Estados Unidos y Alemania.

Sebastián, a vueltas con el déficit tarifario El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha enfatizado “la apuesta decidida” del gobierno por desarrollar la energía solar fotovoltaica y termosolar, y ha asegurado que ha reservado unas “primas (remuneración por producir electricidad mediante tecnología solar) muy favorables” para las instalaciones que se realicen en cubierta.

Miguel Sebastián también ha afirmado que “las renovables las pagan los ciudadanos españoles a través de la luz. Los ciudadanos son los que hacen la apuesta por que España sea pionera en renovables y en solar”. En opinión del ministro, no hay “incentivo más poderoso” para el consumidor de electricidad que “la información sobre los precios, por lo que es preciso que los ciudadanos conozcan el coste real de la energía”.

El ministro de Industria ha recordado que el sistema eléctrico está condicionado por el déficit de tarifa, que “ocultaba los precios de la energía e hipotecaba” a los consumidores, a quienes les corresponde pagar a través del recibo de la luz la deuda generada por un precio de la luz inferior al coste real.

Además de los tres ministros, en la presentación han estado presentes la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera; el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; y los embajadores de Estados Unidos y China en España, Alan Solomont, y Zhu Bangzao, respectivamente.

A todos estos nombres hay que añadir los de los presidentes de algunas de las principales constructoras del país, entre ellos el de Sacyr, Luis del Rivero; el de Ferrovial, Rafael del Pino, y el de FCC, Baldomero Falcones.

Más información www.mviv.es www.micinn.es www.mityc.es

Dos son las anomalías a las que se refiere. En primer lugar, asegura Iberdrola, se ha constatado que los sistemas de detección de funcionamiento en isla incorporados a los inversores fotovoltaicos no realizan correctamente su función en el momento de la desconexión de la red de distribución eléctrica. Este hecho implica, según la compañía, no tener certeza efectiva de la desconexión de las instalaciones cuando es preciso realizar trabajos de mantenimiento en la red de distribución, “poniendo en grave riesgo al personal de mantenimiento”.

Para solucionar este problema Iberdrola indica la necesidad de que los productores instalen en sus plantas un mecanismo de protección de desconexión automática con sistema de telecontrol. De esta manera, incorpora a su normativa interna unas exigencias que, además de caras, no exige la legislación técnica estatal impuesta por el Ministerio de Industria.

La segunda incidencia detectada por Iberdrola es que “se han producido daños, tanto a equipos de las propias instalaciones fotovoltaicas como en instalaciones de terceros conectadas a la red de distribución por sobretensiones coincidiendo en todas las ocasiones con la desconexión de una instalación fotovoltaica”. El origen de esos daños, asegura la eléctrica, está en determinados modelos de inversores que no identifica y de cuyos problemas ha informado a sus fabricantes.

Iberdrola requiere a los productores que se pongan en contacto con quienes les realizaron la instalación para averiguar si los inversores que tienen pueden provocar esos daños, “de los que serían responsables” ya que es obligación de los titulares adoptar las medidas necesarias para que sus instalaciones “no perturben el normal funcionamiento de la red de distribución eléctrica”.

“Exagerada y alarmante” Estos son los calificativos que merece la carta de Iberdrola en opinión de Javier Anta, Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). Y pone como ejemplo de ello el peligro mencionado por la compañía eléctrica para los trabajadores de mantenimiento, ya que “la seguridad del personal está garantizada si se aplican los protocolos correspondientes”.

ASIF, que según ha sabido Energías Renovables ha encargado a KPMG un informe jurídico para conocer las implicaciones de las nuevas exigencias de Iberdrola, mantiene conversaciones desde hace tiempo tanto con Iberdrola Distribución como con el resto de distribuidoras para tratar aspectos técnicos relacionados con la seguridad y la calidad del suministro.

Asegura Javier Anta que ASIF está al corriente de la problemática existente y afirma que se debe fundamentalmente a carencias regulatorias. “Tenemos una legislación técnica” -ha asegurado- “propia de un sector con unos pocos cientos de kilovatios conectados a base de instalaciones de 2kW ó 5kW, siempre en baja tensión, que es incompleta para un sector con 3,5GW conectados e instalaciones superiores al megavatio, muchos de ellos en relación directa con Media Tensión”.

ASIF estima que es necesaria una norma consensuada a nivel nacional que marque las reglas del juego para todos, lo que no implica necesariamente aceptar sin más los requerimientos que realiza Iberdrola en la carta enviada a los productores. De hecho, la Asociación de la Industria Fotovoltaica participa en un grupo de trabajo constitutito con Red Eléctrica de España (REE) para analizar la penetración fotovoltaica en el sistema eléctrico. Y es que la energía solar fotovoltaica en España ha dejado de ser una fuente residual. En 2009, según los datos de REE, la contribución de la fotovoltaica a la generación eléctrica fue de un 3% de media. Es un porcentaje que no se ha conseguido en ningún otro país del mundo.

Los expertos de la entidad financiera suiza indican que los primeros brotes verdes de la recuperación de la industria solar en España aparecerán en breve, tanto para la tecnología termosolar como para la fotovoltaica.

Las centrales termoeléctricas, señala el informe de Bank Sarasin, se están configurando como tecnologías de bajo coste, viables para la generación centralizada de electricidad e interesantes para el acceso de las compañías eléctricas que quieran acceder a la energía solar. “El resultado” -asegura el análisis- “es que un total de 415 MW de capacidad serán instalados antes del final de 2009 y 2.200 MW de capacidad CSP antes el 2010. Más de un 40% de estas instalaciones se llevarán a cabo en España”.

La atracción FV española Después de superar todos los registros de potencia instalada en 2008, la industria solar fotovoltaica pasa la travesía del desierto en 2009. A pesar de ello, los expertos de Bank Sarasin, estiman que de cara al 2010 España, Italia y Sudáfrica son los mercados más atractivos para la construcción de plantas fotovoltaicas de más de 1 MW de potencia.

El informe confía en que, una vez que se produzcan los ajustes necesarios que se han derivado de la puesta en funcionamiento del Registro de Preasignación de Retribución del Ministerio de Industria, España llegará a los 500 MW fotovoltaicos instalados al año y que será uno “de los primeros países en el que los proyectos fotovoltaicos serán implementados sin subvenciones estatales”.

A nivel global, los expertos de Bank Sarasin consideran que la bajada de los costes, la mejora en la eficiencia y la expansión de los canales de marketing empujarán a la industria fotovoltaica hacia un crecimiento del 46% en el año 2010, lo que corresponde a una capacidad instalada de 8,5 GW.

Los ritmos de crecimiento anual hasta 2012 oscilarán entre el 45 y el 50%. Las mayores subidas se producirán en los países no europeos. A la cabeza estará China con un desarrollo del 130%, seguido de India y Estados Unidos con un 100% anual. Europa estará en torno al 14%, lo que posibilitará una subida estable que ayudará a que la energía solar fotovoltaica “pueda sobrevivir sin programas de subvención estatal, a la vez que consiguen paridad en la red”. Bank Sarasin espera que el volumen de mercado global supere los 155 GW antes del 2020.

Más información www.sarasin.com

La carta, que ya se encuentra en el Ministerio de Industria, está firmada por el presidente de ASIF, Javier Anta, y el director de KPMG, Ramón Jiménez. Esta última firma se justifica porque la compañía KPMG ha realizado un estudio estratégico por el encargo de ASIF titulado “Acercándonos a la paridad de red” en el que se “exponen conceptos novedosos y efectivos para una mayor penetración de la tecnología fotovoltaica a partir de 2012, basándose principalmente en el autoconsumo y sin recabar apoyos ya previstos en la regulación”. El estudio se presentará en rueda de prensa la semana próxima.

En la carta enviada al secretario de Estado de Energía se proponen tres consideraciones. En primer lugar ASIF quiere dialogar sobre “un ajuste generalizado de las tarifas de retribución de la tecnología fotovoltaica en el año 2012 para acomodarla a la evolución de los costes prevista”. La Asociación de la Industria Fotovoltaica habla de una rebaja en 2012 atendiendo a que el Real Decreto que regula la actividad fotovoltaica señala esa fecha para realizar la revisión de las tarifas. En segundo término plantea que se permita el autoconsumo de energía eléctrica, para lo que sería necesario que aumentara la colocación de placas solares en viviendas e industrias. El autoconsumo sería posible mediante un sistema de medición neta. El excedente de electricidad producida, esta es la tercera consideración, tendría una tarifa regulada.

ASIF manifiesta en la carta su interés por entregar en mano a Pedro Marín el informe de KPMG. Un estudio que, según la asociación fotovoltaica, plantea una optimización de recursos que debería incluirse en las leyes de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y de Economía Sostenible, y en el Plan de Acción 2020.

Más información www.asif.org www.kpmg.es

El Boletín Oficial del Estado publica en su edición del jueves 29 de octubre de 2009 una orden ministerial en la que se amplía la presentación de solicitudes fotovoltaicas para la convocatoria correspondiente al primer trimestre de 2010. El plazo, dice la orden, se prolongará hasta el quinto día hábil después de que se conozca la resolución de la convocatoria correspondiente al cuarto trimestre de 2009. Y “en ningún caso la fecha de vencimiento del plazo ampliado puede ser posterior al 15 de diciembre de 2009”.

Dicho de otra manera, la ampliación de la primera convocatoria de 2010 se debe al retraso en la cuarta de 2009 ya que, de acuerdo al mecanismo legal establecido, los valores de la tarifa regulada y los cupos de potencia se calculan en función del grado de cobertura de la convocatoria anterior. Así las últimas autorizaciones de este año podrían seguir sin conocerse hasta bien entrado diciembre.

ASIF pide más recursos a la Administración La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), al conocer el nuevo retraso, que en esta ocasión afecta a la asignación de 152 MW, ha reclamado más medios a la administración del estado para resolver un asunto que está afectado negativamente al sector y para que se “pueda afrontar con éxito el crecimiento que deben tener las energías renovables para que cubran el 20% del consumo energético español en 2020”.

En la orden publicada en el BOE, el Ministerio de Industria explica que los retrasos en situaciones excepcionales como el ocurrido en la primera convocatoria fotovoltaica de 2009 son “difícilmente recuperables”. A aquel retraso, achacado por Industria a que se presentaron solicitudes que sumaban ocho veces el cupo de potencia permitido, se ha sumado otro. El segundo ha sido la coincidencia en el tiempo con el Registro de Preasignación de Retribución para el resto de tecnologías renovables, un registro que a principio de año no existía y que se creó por sorpresa el 30 de abril.

El reconocimiento implícito del Ministerio de Industria sobre la carga de trabajo que supone el nuevo registro se convierte en evidencia para ASIF. Afirma esta asociación que “la extensión del RPR a todas las energías renovables, efectuada en mayo mediante el Real Decreto-Ley 6/2009, está desbordando los recursos administrativos del MITyC, que son claramente insuficientes para operar en los plazos establecidos. Concretamente, el MITyC acaba de inscribir en dicho registro 1.998 MW, correspondientes a otras tecnologías renovables, sobre todo eólicas y termoeléctricas”.

La carencia de recursos, asegura ASIF, “entre otros perjuicios, además de retrasar la publicación de los listados en el RPR (de las cuatro convocatorias de este año sólo una se ha adjudicado en el plazo establecido), impide que se aprueben procedimientos administrativos simplificados para tramitar las instalaciones solares en la edificación”. Así mismo, la Asociación de la Industria Fotovoltaica “sospecha que también existe cierta lenidad por parte de la cúpula ministerial a la hora de abordar los problemas que plantea la profunda, brusca y dolorosa reconversión a la que se ha visto abocada el mercado fotovoltaico español”.

Más información: www.boe.es www.asif.org