El gobierno lo acaba de anunciar. Las primas de nuevas instalaciones de régimen especial quedan suspendidas "de forma temporal". Con esa medida, el ejecutivo asegura que "pretende poner freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca un incremento continuo del déficit de tarifa". El Real Decreto Ley hoy aprobado -asegura Moncloa optimista- "no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea". El gobierno ha informado además de que "tampoco afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros".

El motivo que arguye el ejecutivo para justificar la imposición de la medida de suspensión es "la compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico", que aconsejan -según Moncloa- la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, "con carácter temporal", y mientras se pone en marcha una "reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema".

Según Moncloa, el gobierno tiene "margen de maniobra" suficiente para que esta suspensión temporal no afecte al cumplimiento de los objetivos que en materia de energías renovables se ha fijado España en el horizonte de 2020. Ello -concluye la nota difundida por el ejecutivo-, "unido a que la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, hacen que esta medida no afecte a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020". El gobierno, que concluye su comunicado asegurando que "mantiene su apuesta firme por las energías renovables como parte indispensable del mix energético de nuestro país", señala sin embargo que "mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda". En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico, como en el del gas.

Más información: www.lamoncloa.gob.es

Un par de meses antes de aquellas elecciones, Energías Renovables había dedicado un amplio reportaje a Canarias. En él trazábamos un exhaustivo retrato de lo que por aquel entonces era la realidad energética de la comunidad más meridional de España. Además, entrevistábamos a la sazón al director de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias, Juan Ruiz Alzola, y a la entonces consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de la comunidad, María Luisa Tejedor Salguero. Entre otras cosas, la consejera (de Coalición Canaria), nos dijo entonces lo siguiente: "Plantear que el 100% de la electricidad sea renovable en Canarias es una auténtica barbaridad" (así titulaba Energías Renovables aquella entrevista, en abril de 2007, muy poco antes de las autonómicas de mayo).

Y el Partido Popular llegó al gobierno de Canarias y allí la cosa estaba así A mediados de 2007, en el momento del acceso a la vicepresidencia de José Manuel Soria, había en Canarias 133,24 MW eólicos instalados (el dato es de la Asociación Empresarial Eólica, AEE). Pues bien, a uno de enero de 2011, o sea, cuatro años después, el archipiélago de las Islas Afortunadas suma 138,92 megas (dato AEE). ¿Balance? En los años 2007, 2008, 2009 y 2010, años de bonanza eólica como jamás vivió España (años durante los cuales Soria fue vicepresidente), Canarias -que cuenta con un recurso eólico muy importante, por cierto- estuvo completamente al margen de ese crecimiento -el eólico-, hasta el punto de registrar una de las tasas de instalación (cinco megavatios en poco menos de un lustro) más paupérrimas de todo el país. Solo dos de las diecisiete comunidades autónomas españolas -Extremadura y el archipiélago balear- presentan registros peores.

Canarias fotovoltaica A mediados de 2007 -esto también lo contábamos en aquel Especial Canarias-, había aproximadamente "unos 700 kilovatios fotovoltaicos" instalados en el archipiélago (el dato nos lo facilitó la propia consejería). Pues bien, hoy, cuatro años y un bum fotovoltaico después, Canarias cuenta con 122,50 megas FV instalados (dato de enero de 2011, ASIF). Es decir, que el archipiélago todo tiene menos potencia FV instalada que Navarra, por ejemplo, que alcanzaba el pasado mes de enero los 139,2 MW (dato ASIF). Sí, Canarias tiene actualmente menos megavatios FV que Navarra, que es una comunidad que se halla 2.500 kilómetros al norte del archipiélago y que recibe una radiación solar media anual de 1.280 kilovatios hora por metro cuadrado de superficie horizontal, o sea, mucho menos sol que Gran Canaria (1.780 kWh) y mucho, mucho menos que Tenerife (1.940).

La península Más datos. Según la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), "el consumo neto de electricidad en el archipiélago durante 2010 alcanzó los 8.232.080 MWh". Pues bien, de ese total, apenas el 7,78% salió de fuentes renovables de energía, pese a lo formidable de sus recursos eólicos y su no menos generosa radiación solar. Menos del 8%, en fin, cuando en el sistema eléctrico peninsular, en ese mismo año, 2010, la electricidad renovable ha alcanzado la cota del 32,4%, según publicara, precisamente ayer, el Observatorio de las Energías Renovables del Ministerio de Industria. ¿Conclusión? A día de hoy, y según datos de la CCE, el 92,2% de la electricidad que consumen las islas es de origen fósil. En fin, que la Canarias energética que deja el ex-vicepresidente Soria para entrar en el ministerio de Energía va muy, muy, muy, muy por detrás de la España peninsular.

Declaración de intenciones Lo publicaba ayer el medio digital Suelo Solar. Su director, Carlos Mateu, preguntaba al ministro Soria "¿qué opinión tiene de la retroactividad fotovoltaica?" justo después de que a este le traspasara la cartera su antecesor, Sebastián. La respuesta de Soria era esta: "yo creo que, como pauta general, cuando se está jugando un partido, nunca es recomendable, a mitad del mismo, cambiar las reglas del juego, y yo entiendo que (...) con las inversiones que habían emprendido ya muchas empresas de energía fotovoltaica se ha producido precisamente eso (...). Como pauta general, es evidente que esto no puede gustarle a ningún operador. Es una cuestión que todavía no he abordado y por ello (...) déjenme sentarme, leerme las cosas y ya después podré decirle algo".

Pues bien, habrá que permitir -faltaría más- que don José Manuel Soria López, el ex-vicepresidente de Canarias, tome asiento como corresponde, y habrá que darle tiempo al nuevo ministro -de Industria, Energía y Turismo- para que se lea esas "cosas". De momento, lo único que podemos hacer aquí es mirar atrás, buscar los números y contarlos, uno tras otro, tal y como hemos hecho. El Plan Energético de Canarias (Pecan), el plan que alumbraran los socios de gobierno de Soria en Canarias, establece como "objetivo básico" para el año 2015 "alcanzar un 30% de la generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables" (página 125). Es más, "teniendo en cuenta el potencial eólico existente", el Pecan -plan aprobado el 29 de marzo de 2007- le pone un número muy concreto al objetivo eólico: "una potencia instalada de 1.025 MW en el horizonte del año 2015" (página 126).

Falta un trienio para que entremos en el susodicho 2015. Canarias tiene 138,92 MW eólicos instalados (se halla pues algo alejada de esos más de mil megas que señalaba el Pecan como objetivo 2015). Por lo demás, el archipiélago genera solo el 7,78% de sus kilovatios eléctricos con fuentes renovables, o sea, que tampoco vislumbra próximo ese 30% establecido como objetivo. Soria ha detentado (véase su blog personal) importantes responsabilidades de gobierno en el archipiélago (vicepresidente y consejero de Hacienda) durante los últimos años, un período durante el cual las renovables han experimentado un formidable desarrollo en toda España... pero no en Canarias, donde, pese a los formidables recursos (eólico y solar), el parque renovable sigue siendo muy, muy, muy marginal: 7,78% en las islas; 32,4% en la península.

Sean cuales fueren los orígenes de Soria (y ahí arriba hay mucho dato que dice mucho sobre él), lo cierto es que el nuevo ministro de Energía se encuentra ante una oportunidad histórica. Nos lo decía un compañero suyo de gobierno en Canarias, el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez Díaz, allá por el mes de abril del año pasado: “en las islas, es más rentable producir un kilovatio con energía eólica que con las centrales térmicas”. Sí, con esa explícita frase contestaba Rodríguez Díaz a nuestra compañera Yaiza Tacoronte, que entrevistaba al consejero al hilo de un muy interesante informe que acababa entonces de publicar un consorcio formado por la Agrupación Empresarial Innovadora y el Clúster de Empresas de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias, Clúster Ricam.

El informe -"Análisis de los sobrecostes de la energía del sistema energético de Canarias"- contaba que generar electricidad utilizando energía eólica en las islas cuesta la mitad que hacerlo con diésel o fuel oil. Más aún: según ese estudio, la eólica era ya entonces "competitiva en costes, aun incluyendo los costes de su interrumpibilidad para un nivel de penetración del 20%". Meses después, allá por octubre de este año, otra buena nueva para Canarias y muy similar: “producir electricidad en Canarias con FV tiene un coste muy inferior al precio del kWh producido en régimen ordinario”. Se lo contaba a nuestro compañero José Antonio Alfonso el profesor de la Universidad de La Laguna Ricardo Guerrero: el precio medio diario de la electricidad en Canarias -energía que procede en más de un 90% de combustibles fósiles, como se ha visto- se situó en septiembre -nos contaba Guerero- entre los 18,6 y los 26 céntimos de euro el kWh; pues bien, en muchas zonas de Canarias, la fotovoltaica ya está -concluía el profesor a la sazón- entre 10 y 15 céntimos de euro por kWh.

El pasado mes de mayo, el Clúster Ricam publicaba un comunicado en el que señalaba que la subida en los precios del petróleo y del gas natural, por los conflictos del norte de África y sus réplicas en algunos países árabes, “ha provocado un encarecimiento generalizado de materias primas y productos energéticos, que en Canarias ha supuesto que el sobrecoste de la generación eléctrica haya marcado un nivel histórico, alcanzando más de mil millones de euros en 2010”. Sí, el ministro canario de Energía lo tiene, al menos en su tierra, muy fácil. Porque cierto es que, en otras zonas de España aún no ha sucedido, pero en el archipiélago, dado el recurso (eólico y solar) y dadas su matriz energética y su condición insular, ya es más barato generar electricidad limpia que hacerlo con combustibles fósiles. Es más, ahora hay un RD de autoconsumo que, si es desarrollado como es debido, podría hacer más atractiva aún la apuesta de la ciudadanía por las renovables. En fin, que... visto lo visto... habrá que ver.

Fuente: www.energías-renovables.com

El compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha producido durante el pleno del Senado celebrado este martes a raíz de una pregunta formulada por el senador de CiU Jordi Vilajoana i Rovira sobre cómo piensa resolver el Gobierno la situación de incertidumbre jurídica respecto a las instalaciones fotovoltaicas.

Rodríguez Zapatero ha afirmado que las medidas aprobadas en el Senado para suavizar los efectos de la aplicación del RD-l 14/2010 suponen un “avance” que se sitúa “en el límite del equilibrio que se busca”. Se refería el presidente del gobierno al aumento de 25 a 30 años (no a 28 como estaba previsto en principio) del cobro de la prima y facilitar el acceso a las líneas actuales del Instituto de Crédito Oficial a aquellos propietarios de instalaciones fotovoltaicas que durante los próximos tres años dejarán de cobrar aproximadamente el 30% de la prima al limitarse el número de horas con derecho a percibirla. Unas medidas que en opinión de Rodríguez Zapatero no ponen “en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema eléctrico”.

Agotar las posibilidades de acuerdo Vistos esos avances, el presidente del Gobierno se ha afirmado que el grupo socialista “agotará todas las posibilidades para llegar a un acuerdo” con CiU sobre la fotovoltaica. A lo que no se ha mostrado dispuesto es a aceptar una enmienda en la que los nacionalistas catalanes proponen que el recorte sobre la tarifa se haga sobre la potencia pico en lugar de sobre la potencia nominal. La negativa de Rodríguez Zapatero se fundamenta en que se aumentaría un 15% la producción y quedarían sin efecto las medidas de austeridad.

El senador de CiU ha pedido al presidente del gobierno un último esfuerzo. El computar la potencia pico, en vez de la nominal, tendría un coste de 200 millones de euros (el recorte anual pretendido por el gobierno en el RD-l 14/2010 es de 740 millones) pero “a cambio el sector estaría dispuesto a sentarse y se daría seguridad jurídica, lo que en estos momentos es muy importante”.

Desequilibro entre los costes y la aportación El presidente del Gobierno ha reconocido que “lo que ha sucedido con la fotovoltaica en España no tiene parangón en la Unión Europea”. Se refería con esas palabras a un desequilibrio y crecimiento exponencial que ha calificado de “espectaculares”. Es por ese motivo por que el que defendido el recorte planificado en el RD-l 14/2010, para corregir el desajuste entre el impacto económico y la aportación de la energías solar fotovoltaica. “Este desequilibrio podría tener algún que otro paralelismo con algún otro sector que hemos tenido en la economía, con burbujas de gran impacto”, por lo que “se debe hacer este ajuste, para la reducción del déficit de tarifa y para que la fotovoltaica aporte su parte al esfuerzo general”, ha indicado el presidente del Gobierno.

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Sin duda este es el elemento más polémico. Las asociaciones fotovoltaicas ya habían avisado de los perjuicios que supondría una norma que consideran retroactiva y a la que prácticamente califican de quebranto económico, de empleo y de credibilidad a nivel nacional e internacional.

El Real Decreto Ley dice, literalmente, “al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. El ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales. Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual”.

En la práctica esto significa modificar el régimen económico de la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas, reguladas por el Real Decreto 661/2007, y en consecuencia las condiciones a las que los promotores e inversores aceptaron en su momento porque eran las legisladas. Entre las reglas del juego que establecía aquel Real Decreto, y que ahora se cambian, se incluía que las instalaciones recibirían una cantidad determinada por producir electricidad durante 25 años. Una percepción económica que según los cálculos del sector fotovoltaico se reducen un 30%.

Otras novedades El gobierno también ha decidido que a partir del 1 de enero de 2011 la generación eléctrica financie las redes. Por ello tanto los generadores de régimen ordinario como de régimen especial pagarán un peaje de 0,5 €/MWh, lo que supondrá unos ingresos de 150 millones de euros anuales.

En cuanto al bono social las empresas eléctricas lo financiarán hasta 2013, seis meses más de lo previsto hasta ahora, lo que supondrá un ahorro de 150 millones de euros. Este bono supone la congelación de las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. Tienen derecho a él unos 5 millones de consumidores.

A partir del 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, supondrá un ahorro total de 670 millones: 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.

En cuanto al déficit de tarifa se modifican los límites máximos hasta 5.500 millones en 2010, 2.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012, para adecuarlos las desviaciones y se mantiene el punto en el que se alcanza la suficiencia tarifaria en el año 2013.

Ahorrar 4.600 millones de euros La norma, explica el gobierno, “se inscribe en la política de racionalizar y contener los costes regulados del sistema eléctrico, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y protección de los consumidores más vulnerables mediante la ampliación del bono social y se suma a otras actuaciones legislativas aprobadas en la presente legislatura. En conjunto, las medidas aprobadas en 2010 suponen un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años, 1.660 en 2011, 1.510 en 2012 y 1.446 en 2013”.

El ejecutivo asegura que después de 25 años de incrementos sostenidos próximos al 4% anual ha caído la demanda eléctrica. La consecuencia directa de ello es la pérdida de ingresos para el conjunto del sistema y, adicionalmente, “un aumento del montante total de los costes regulados por el efecto de la caída de la demanda”. Por ello el gobierno ha “adoptado una serie de medidas tendentes a racionalizar los costes regulados y reducir el déficit de tarifa, entre las que destacan la aprobación del RD-L 6/2009 por el que se estableció una senda de reducción del déficit de tarifa y creó un prerregistro para las energías renovables con el fin de evitar una entrada en el sistema de plantas por encima de los objetivos previstos y un aumento innecesario de las primas que reciben estas instalaciones”.

Fruto de estas políticas, en 2010 se llegó a un acuerdo con el sector eólico para reducir temporalmente sus primas un 35% y limitar el número de horas con derecho a prima y se pactó con el sector termosolar por el que se eliminó la opción de retribución a precio de mercado más prima (más ventajosa que la opción de tarifa regulada) para todas las plantas inscritas en el pre-registro durante un año, retraso en la fecha de entrada en operación de las plantas inscritas en el prerregistro, y limitación del número de horas con derecho a prima en función de las distintas tecnologías. En el caso de la fotovoltaica no hubo acuerdo y se aprobó un Real Decreto para las plantas de nueva creación que reducen las futuras primas en un 5% (instalaciones de techo pequeño), 25% (instalaciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de suelo).

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Las asociaciones fotovoltaicas han intuido un cambio de actitud del Ministerio de Industria respecto a la última reunión, aunque el gobierno ha vuelto a resaltar su voluntad de ajustar a corto plazo el mercado fotovoltaico. Desde hace semanas ha dejado claro su propósito de ahorrar 1.000 millones de euros anuales.

En el encuentro de ayer no se abordó uno de los asuntos más delicados, las tarifas a futuro. La pretensión del Ministerio, según expresó el pasado 21 de julio es una reducción del 65% de la tarifa para las instalaciones construidas sobre suelo. Este tema se aparcó a la espera de avanzar en otros como la limitación horaria (el número de horas de producción en la que las plantas fotovoltaicas cobrarían la prima por generar electricidad).

Industria dice que la reducción de horas con derecho al cobro de la prima es innegociable, pero ha admitido que quizá sean escasas las horas computadas en la propuesta realizada, y podría haber una ampliación. En la reunión de la semana pasada planteó 1.250 horas al año para las instalaciones fijas y 1.664 para las que tienen seguidor, es decir las que contiene el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Novedades en el desencuentro Las posturas entre ambas partes están alejadas, pero en las últimas horas se han producido algunas novedades como el pago diferido. Industria propuso ayer establecer un mecanismo transitorio y excepcional de pago diferido para rebajar la retribución de las instalaciones durante los próximos dos o tres años, recuperándose esta cesión económica posteriormente.

Los representantes del ministerio también fueron receptivos ante el recordatorio de que se han cumplido los doce meses de los que disponían las instalaciones adjudicadas en la primera y segunda convocatoria de 2009 del Registro de Preasignación de Retribución. Quien no hay completado su proyecto, dice la ley, perderá el aval depositado. Según los datos de ASIF, por este camino se podrían recuperar más de 100 millones de euros.

En contra de lo que sucedió en la reunión del 21 de julio, en la que Industria exclamó “no somos la policía”, ayer se mostró dispuesto a identificar a las instalaciones que se acogieron irregularmente al RD 661/2007, y que por ello están cobrando una prima más alta de lo que les corresponde. Incluso mencionó su intención de llevar a los responsables “a la cárcel”. Según los cálculos de las asociaciones fotovoltaicas, en este capítulo se podría estar hablando de recuperar entre 500 y 800 millones de euros anuales.

Ante la ejecución de los avales y la persecución de los irregulares, el “Ministerio es conciente”, dice ASIF en un comunicado enviado a sus socios, “de que las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias, pero se mostró dispuesto a actuar con firmeza y rapidez para conseguir que los posibles focos de conflicto institucional no eviten que se consigan importantes ahorros a corto plazo”.

Otro de los asuntos aparentemente encauzados pero pendiente de solución es el de la repotenciación de las instalaciones. Se trata de plantas acogidas a tarifas antiguas con equipos adquiridos a precios más baratos por la evolución tecnológica. Industria aseguró que pretende evitarlo, pero no cocretó la manera para limitar esa práctica.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy un plan urgente de eficiencia energética en 2.000 edificios públicos -1.000 de la administración central y 1.000 de comunidades autónomas y ayuntamientos- que supondría, según los cálculos del Gobierno, un ahorro anual de hasta 3.000 millones de euros.

Los edificios deberán reducir al menos un 20% su consumo Se trata de una de las medidas que ha negociado la comisión interministerial que encabeza la vicepresidenta económica, Elena Salgado, con todas las fuerzas políticas, y el Gobierno la incluirá en el documento que enviará a los partidos esta semana con las iniciativas que quiere poner en marcha cuanto antes, algunas de ellas mediante un real decreto-ley.

En un encuentro con empresarios y sindicatos en Sevilla, Zapatero ha recordado que, además del plan de ahorro energético, ese documento recogerá una nueva línea del ICO de créditos de hasta 200.000 euros para pymes y medidas para impulsar la rehabilitación de viviendas, con rebajas del IVA y desgravaciones fiscales.

Tras estimar que estas iniciativas pueden ayudar a consolidar la actual evolución de la economía, ha insistido en que el Gobierno espera que la creación de empleo comience "en la última parte del año". Acompañado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, Zapatero ha subrayado la importancia del plan piloto de eficiencia energética en 2.000 edificios públicos, que deberán reducir al menos un 20% su consumo energético para lograr un ahorro de hasta 3.000 millones de euros anuales.

Un dinero, ha dicho Zapatero, que España dejará de transferir a los países productores de energía de los que depende; "lo que ahorra la administración en energía se lo está ahorrando a los ciudadanos", ha añadido. Respecto a la nueva línea de créditos del ICO, ha recordado que el sector público se hará cargo del riesgo de la cobertura de los mismos y ha advertido de que se trata de "una opción audaz".

Apuesta por la austeridad

Por ello ha confiado en que las empresas hagan un uso "razonable" de esa línea de crédito que, a su juicio, debe también fomentar un cambio de actitud en las entidades financieras privadas. Zapatero ha vuelto a defender el proyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Consejo de Ministros en Sevilla y ha y ha destacado su apuesta por la austeridad y la eficiencia de las administraciones públicas.

En este contexto, ha instado a los gobiernos autonómicos a seguir la senda del pacto de ahorro sanitario alcanzado la semana pasada y a cerrar un acuerdo de austeridad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne el lunes. A su entender, en un país con este grado de descentralización, en el que la mitad del gasto público está en manos de comunidades y ayuntamietos, sin ese pacto el esfuerzo de contención del gasto tendrá "resultados muy discretos".

Según ha explicado, la eficiencia de la administración redundará además en beneficio de las empresas innovadoras, otro de los ejes de la Ley de Economía Sostenible . En su opinión, el sector de la construcción no tiene que perder protagnismo, pero es necesario cambiar la concepción del país sobre la vivienda y el desarrollo urbanístico. Hay que ir a rehabilitar, en vez de a construir, a más viviendas de alquiler y menos de compra, y a más viviendas protegidas y menos libres.

Este año no será Washington sino Madrid la ciudad que acoja un concurso que bajo la denominación Solar Decathlon Europe reunirá a 20 universidades de 9 países, y cuyo reto es construir una casa sostenible capaz de autoabastecerse exclusivamente de energía solar. La cita es en Madrid Río, una zona ubicada entre el Palacio Real y el río Manzanares en la que el gobierno central ha invertido 2,3 millones de euros a través del Fondo Estatal Inversión Local para acondicionar el terreno. El resto de la financiación, unos 5 millones de euros, correrán a cargo del Ministerio de Vivienda.

En la nómina de participantes están Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos, México, Brasil, China y España. La delegación española está encabezada por la Universidad Politécnica de Madrid, que participa en Solar Decathlon desde el año 2005; el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña; las universidades de Sevilla, Valladolid y CEU Cardenal Herrera; y las Politécnicas de Cataluña y Valencia.

Escaparate para la edificación La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado durante la presentación que el concurso propiciará la innovación en el sector de la edificación residencial, que seguirá teniendo un peso relevante en la riqueza del país. Cada edición de este certamen, ha indicado la ministra, se ha cerrado “con un número importante” de patentes que atraen el interés empresarial por desarrollar los proyectos presentados. La Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, ya ha registrado cuatro patentes.

Cristina Garmendia, titular de Ciencia e Innovación, ha afirmado que “en patentes solo nos superan cuatro países: Estados Unidos, Alemania, Japón y el Reino Unido”. Para la ministra Garmendia no hay duda de que el sector de las energías renovables y el de la construcción jugarán un papel relevante en el cambio de modelo productivo en el que trabaja el gobierno desde 2004. En este sentido, ha puesto de manifiesto que tanto el sector energético como el de la ingeniería constructiva son dos pilares de España a nivel internacional y ambas actividades económicas seguirán teniendo un peso relevante en la creación de riqueza y empleo.

Siete de las diez compañías más importantes del mundo en el sector de la construcción son de origen español, ha recordado Garmendia, y España ocupa la primera posición en el ranking de países más atractivos para el desarrollo de negocio en el sector de las renovables, seguida de Estados Unidos y Alemania.

Sebastián, a vueltas con el déficit tarifario El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha enfatizado “la apuesta decidida” del gobierno por desarrollar la energía solar fotovoltaica y termosolar, y ha asegurado que ha reservado unas “primas (remuneración por producir electricidad mediante tecnología solar) muy favorables” para las instalaciones que se realicen en cubierta.

Miguel Sebastián también ha afirmado que “las renovables las pagan los ciudadanos españoles a través de la luz. Los ciudadanos son los que hacen la apuesta por que España sea pionera en renovables y en solar”. En opinión del ministro, no hay “incentivo más poderoso” para el consumidor de electricidad que “la información sobre los precios, por lo que es preciso que los ciudadanos conozcan el coste real de la energía”.

El ministro de Industria ha recordado que el sistema eléctrico está condicionado por el déficit de tarifa, que “ocultaba los precios de la energía e hipotecaba” a los consumidores, a quienes les corresponde pagar a través del recibo de la luz la deuda generada por un precio de la luz inferior al coste real.

Además de los tres ministros, en la presentación han estado presentes la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera; el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; y los embajadores de Estados Unidos y China en España, Alan Solomont, y Zhu Bangzao, respectivamente.

A todos estos nombres hay que añadir los de los presidentes de algunas de las principales constructoras del país, entre ellos el de Sacyr, Luis del Rivero; el de Ferrovial, Rafael del Pino, y el de FCC, Baldomero Falcones.

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